Los concejales de Hernandarias rechazaron por unanimidad el proyecto presentado por el intendente Nelson Cano, que buscaba aumentar los impuestos de arrendamiento y adjudicación definitiva a los adjudicatarios de terrenos municipales. El ejecutivo comunal remitió el documento con el objetivo de que la Junta Municipal aprobara la modificación de la ordenanza, con la intención de incrementar los ingresos de la institución. Sin embargo, los ediles rechazaron totalmente la propuesta.
El concejal Alberto Báez fue enfático al señalar que el proyecto carecía de fundamentos sólidos. Báez argumentó que cualquier modificación en la ordenanza que implique un aumento de impuestos debe estar respaldada por una explicación razonable.
«Se sabe que la situación financiera de la Comuna no es buena actualmente, y la intendencia debe buscar facilidades para los contribuyentes, no cargarles con un aumento de impuestos, lo que solo ahuyentará a los colaboradores», expresó Báez. El incremento propuesto por el intendente Cano oscilaba entre G. 4.000 y G. 8.000, considerado elevado en comparación con los precios actuales.
Báez insistió en que el jefe comunal solo piensa en aumentar la recaudación sin considerar a los contribuyentes. Criticó que Cano no promueva la titulación de los terrenos municipales para facilitar su regularización y, con ello, el pago de impuestos inmobiliarios. «Si hubiera hecho eso, al menos los ciudadanos se motivarían a regularizar sus lotes y pagar los impuestos correspondientes», alegó Báez. Con esto, se entiende que el ejecutivo pretende sacar dinero de los bolsillos de la gente, sin ofrecer ningún plan de retribución.
**Descalabro Financiero**
Desde hace mucho tiempo, la Municipalidad de Hernandarias ha sido señalada por encontrarse en quiebra técnica. La administración financiera ha fallado en cumplir con sus responsabilidades, no se paga a los proveedores y los funcionarios acumulan tres meses de atraso en sus salarios.
Algunos empleados de la Comuna indicaron que la semana pasada se les pagó lo correspondiente a marzo, quedando pendientes los meses de abril, mayo y junio. La mayoría de los trabajadores no perciben el salario mínimo y, pese a cobrar menos de G. 2.000.000, no se les paga a tiempo, lo que genera dificultades económicas en la comunidad.
