La fiscal Olga Patricia Melgarejo está en el ojo de la tormenta luego de anunciar una investigación contra un grupo de policías que se enfrentaron a tiros con delincuentes, resultando uno de estos últimos abatido. Melgarejo, en una muestra de aparente desorientación, ha ordenado desarmar a los agentes involucrados y está considerando imputarlos. Sin embargo, han emergido videos que sugieren que el delincuente fue asesinado por sus propios cómplices, lo que complica aún más la situación.
Ayer, durante una rueda de prensa, la fiscal trató de explicar sus acciones, pero sus declaraciones fueron confusas. Afirmó que investiga la muerte de una persona, aunque al citar a los policías, no definió claramente los cargos, indicando solo “supuestos hechos punibles a determinar”. Esta falta de precisión ha sido criticada, pues parece que la fiscal no tiene clara la dirección de su investigación.
Melgarejo ha citado a los agentes para una declaración indagatoria el 1 de agosto, insinuando su posible participación en la muerte del delincuente, a pesar de que no ha mencionado su identidad ni su historial delictivo. Este individuo era un criminal buscado por la justicia brasileña, con múltiples órdenes de captura y vínculos con una facción criminal activa.
Durante la entrevista, la fiscal minimizó la gravedad del asunto al señalar que los policías solo estuvieron desarmados durante dos días. Al ser cuestionada sobre amenazas recibidas por los agentes, Melgarejo inicialmente negó tener conocimiento, pero luego admitió que, a través de sus superiores, sabía que se habían enviado refuerzos a la unidad policial, sugiriendo que estaba al tanto de la situación.
Ante la pregunta de por qué los policías fueron llamados a una declaración indagatoria en lugar de ser citados para testificar, la fiscal se reservó la respuesta, se levantó abruptamente y dejó a los periodistas sin aclaraciones adicionales, incrementando las críticas hacia su manejo del caso.
En resumen, la actuación de la fiscal Melgarejo ha generado controversia y confusión, y está siendo percibida como un intento de proteger a los delincuentes en lugar de velar por la seguridad ciudadana y la justicia. La comunidad y los medios siguen de cerca este caso, esperando que las acciones futuras de la fiscalía clarifiquen la situación y se haga justicia.
