En un polémico movimiento, el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, intentó vetar la decisión de la Junta Municipal de solicitar la fiscalización del ejercicio fiscal 2023 por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Este intento de veto, llevado a cabo a través de un mensaje durante una sesión ordinaria posterior a la aprobación de la solicitud por parte del cuerpo legislativo comunal, no logró detener el proceso.
La controversia se intensificó en una sesión ordinaria anterior cuando algunos concejales optaron por “estudiar” el documento en comisiones, a pesar de que la ley no requería tal acción. Esta semana, el tema fue finalmente debatido entre los ediles, resultando en un rechazo mayoritario del veto con 11 votos a favor y la abstención del concejal Alcides Azcona. Azcona, quien se mantuvo al margen del debate y de la votación, fue criticado por su aparente falta de participación activa en las deliberaciones.
El error del intendente Cano, según opositores, fue su intento de anular la solicitud oficial de la Junta Municipal a la CGR, un acto que, según sus detractores, revela un malentendido sobre los límites de su autoridad. Fuentes cercanas indican que su asesor jurídico le habría convencido de que podía silenciar a los concejales, subestimando el poder del cuerpo legislativo.
Solicitud de fiscalización sigue en pie
A pesar de los esfuerzos de Cano, la solicitud de fiscalización sigue firme. La Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas de Cano correspondiente al 2023 por inconsistencias, lo que motivó a los concejales a solicitar la intervención de la CGR. El intendente intentó posteriormente retirar su veto, pero su acción fue nuevamente rechazada.
Con esta situación, se mantiene la expectativa de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, mientras el intendente Cano enfrenta críticas por su gestión y por su fallido intento de frenar el proceso de fiscalización.
