El Enigmático Aumento Patrimonial de Antonio Duarte Insfrán: Entre Acusaciones de Corrupción y Oscuros Antecedentes
Antonio Duarte Insfrán, exsecretario de hacienda de la Gobernación del Alto Paraná, ha acaparado la atención pública tras revelarse documentos que exponen un notable incremento en su patrimonio durante su gestión (2018-2023). Duarte, quien asumió el cargo bajo la administración del exgobernador Roberto González Vaesken, ha declarado una fortuna superior a los G. 13.000 millones, compuesta en su mayoría por bienes inmuebles distribuidos en varias regiones del país.
El aumento patrimonial ha generado sospechas, dado el modesto historial laboral de Duarte antes de su paso por la Gobernación. Hasta 2018, su principal actividad era la docencia en la Universidad Nacional del Este (UNE). Sin embargo, una vez nombrado secretario de hacienda, su riqueza creció de forma alarmante, despertando dudas en diversos sectores.
Según su declaración jurada de bienes, el exfuncionario posee propiedades de alto valor en Edelira, Minga Guazú, Ciudad del Este, Alto Verá, Caaguazú y Hernandarias, así como vehículos, incluyendo camionetas, furgones y hasta un buque. Pese a sus declaraciones, las explicaciones sobre el origen de su patrimonio no han convencido, generando especulaciones sobre posibles irregularidades. Duarte sostiene que percibía ingresos mensuales de diferentes fuentes, pero la falta de documentación de ciertas actividades comerciales ha alimentado la sospecha de que dichas afirmaciones podrían ser falsas.
Duarte también ha sido vinculado al denominado “cuatrinomio de oro” de la Gobernación del Alto Paraná, un grupo de funcionarios que, bajo la protección de González Vaesken, presuntamente amasaron fortunas a través de actividades ilícitas, incluyendo desvío de fondos y licitaciones amañadas. A pesar de las múltiples acusaciones y de su historial judicial manchado, que incluye imputaciones por extorsión y cohecho pasivo, Duarte y sus compañeros continúan libres, sin ser investigados ni enfrentar consecuencias legales.
Este escenario plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública y la capacidad del sistema judicial para investigar y castigar a quienes abusan del poder en el país.
Fuente: La Clave Comunicaciones
