La defensa de Néstor Carlos Posteguillo denuncia que su cliente sigue siendo hostigado por personas que se autodenominan medio de comunicación, con el objetivo de amedrentarlo. Solicitan medidas para proteger sus derechos.
Un esquema de presunta extorsión y chantaje utilizando la fachada de un medio de comunicación ha sido expuesto en Alto Paraná. Según denuncias y fuentes periodísticas locales, un grupo de supuestos comunicadores estaría operando con el fin de presionar a empresarios, inversionistas, políticos y funcionarios públicos para obtener beneficios económicos.
Uno de los nombres señalados en este esquema es el reportero gráfico Miguel Augusto Avalos, quien trabajó en diversos medios como fotógrafo antes de ser despedido, aparentemente, por prácticas de extorsión. Actualmente, Avalos estaría operando bajo el mal denominado “medio periodístico” AHORA CDE, sin contar con una oficina establecida ni registro formal como medio de comunicación.
Otro involucrado sería Fermín Jara, excolaborador del grupo AZETA de ABC Color, quien habría sido desvinculado tras comprobarse que utilizaba su acceso a información privilegiada para chantajear a empresarios de la región. De acuerdo con fuentes del ámbito periodístico, Jara utilizaba publicaciones tendenciosas contra quienes se negaban a pagarle, convirtiéndolos en blanco de ataques mediáticos con información distorsionada obtenida de funcionarios corruptos.
Ostentación bajo la lupa
Llamativamente, Miguel Augusto Avalos mantiene un alto nivel de vida que ha despertado sospechas. Se ha detectado que posee varios vehículos de alta gama, entre ellos:
Hyundai Tucson, año 2016, chapa WZAO-846
Toyota Premio, año 2010, chapa AAAX-633
Kia Sportage, año 2022, chapa AAKM-921
Además, cuenta con una lujosa vivienda en Ciudad Presidente Franco, ubicada a pocos metros de la Avenida Monday. Su estilo de vida también incluye la estadía de su hijo en los Estados Unidos desde diciembre pasado, donde, según fuentes, ostentaría un alto nivel económico.
Ante estas evidencias, las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) habrían iniciado investigaciones para determinar si los involucrados cumplen con sus obligaciones fiscales o si existen irregularidades en el origen de sus recursos.
“Datos y reportes basada por la asesoría jurídica ” (Innova Abogados)
