Una violenta agresión contra funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) sacudió Tavapy la semana pasada, cuando un equipo de fiscalizadores fue atacado mientras realizaba una inspección en la estación de servicios Tres Fronteras. El hecho, registrado en video, dejó en evidencia la brutalidad del ataque, que fue ejecutado por el abogado Walter Acosta, presunto hombre de confianza del empresario brasileño Vilmar Wilkon, alias “Meca”, propietario del establecimiento.
Ataque ordenado por el dueño del servicentro
Fuentes cercanas a la investigación señalan que Wilkon habría dado la orden de impedir la fiscalización “a como dé lugar”, ya que la intervención respondía a reiteradas denuncias de consumidores sobre la calidad del combustible. Según las imágenes del violento episodio, Acosta golpeó brutalmente a la fiscalizadora Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo antes de recibir un fuerte impacto en el rostro. También atacó físicamente a Luis Armando Duarte, propinándole golpes en la nuca y patadas.
A casi una semana del hecho, Walter Acosta sigue prófugo, pese a que la fiscal Rocío González lo imputó por coacción, coacción grave y resistencia. Investigadores sospechan que el abogado está siendo protegido por Wilkon, quien, según fuentes anónimas, mantiene estrechos vínculos con policías, fiscales y jueces de la zona.
Un empresario con antecedentes turbios
El nombre de Vilmar Wilkon no es ajeno a la polémica. En 2020, fue denunciado por la presunta usurpación de 2.700 hectáreas en Tavapy, utilizando documentos supuestamente falsificados y contando con apoyo policial. Además, su empresa, Agroindustrial Tres Fronteras S.A., acumulaba deudas superiores a los 16 millones de dólares y habría desviado millonarias sumas al Brasil antes de su quiebra.
Combustible adulterado y falta de sanciones
La fiscalización interrumpida en la estación de servicios habría confirmado irregularidades en la calidad del combustible, con surtidores de nafta súper que excedían los límites de tolerancia permitidos. Pese a ello, ni Wilkon ni su establecimiento han sido sancionados hasta el momento.
El hecho ha generado indignación y pone en el ojo público la aparente impunidad con la que operan ciertos sectores empresariales en la frontera. Mientras Acosta sigue prófugo, la sociedad espera respuestas de las autoridades sobre la protección que aparentemente goza Wilkon en la región.
Fuente : Diario La Clave



