Ya rige nuevo tarifazo de Tape Porã en medio de indignación ciudadana
Alto Paraná – Julio 7, 2025
La concesionaria Tape Porã S.A. aplica desde ayer un nuevo aumento en el precio del peaje sobre la Ruta PY02, en medio del creciente malestar ciudadano por el deficiente estado de la vía y las múltiples denuncias de irregularidades que envuelven a la empresa. Se trata del segundo reajuste en lo que va del año y fue autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), generando un rechazo generalizado, especialmente en el departamento de Alto Paraná.
El incremento afecta a las estaciones ubicadas en Pastoreo (Km 205,7) y Minga Guazú (Km 305,7), donde el cobro para vehículos livianos pasó de G. 18.000 a G. 19.000. El aumento también impacta en motocicletas, ómnibus y camiones de hasta seis ejes, cuyas tarifas ahora oscilan entre G. 8.000 y G. 74.000.
Según el argumento oficial, el ajuste busca “garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema vial”. Sin embargo, para los miles de usuarios que circulan diariamente por el corredor vial, la realidad es muy distinta: tramos deteriorados, baches, señalización deficiente, escasa iluminación y ausencia de colectoras son constantes en el trayecto entre Caaguazú y Minga Guazú.
En Minga Guazú, uno de los municipios más afectados, las quejas son constantes. “Pagamos, pero no vemos mejoras reales. Hay rutas mejor mantenidas sin tanto cobro”, reclaman los usuarios.
Distrito dividido por el peaje
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, volvió a cuestionar públicamente la ubicación del peaje en el Km 25, que divide geográficamente al distrito y obliga a los ciudadanos a pagar diariamente por cruzar de un lado a otro. “Queremos circular gratuitamente dentro de nuestra ciudad, como ya se permite en otras localidades del país. No es justo que para ir al trabajo o al colegio tengamos que pagar G. 19.000”, expresó.
Aunque existen pases liberados para ciertos funcionarios o docentes, el jefe comunal considera que la medida es discriminatoria. “Todos los mingueros merecemos el mismo trato. No puede ser un privilegio para unos pocos”, sostuvo, recordando que el municipio ya ha presentado alternativas al MOPC, sin recibir respuestas concretas.
Negocio blindado hasta 2053
El contrato de Tape Porã tiene vigencia hasta el año 2053, tras una polémica prórroga firmada en 2016 durante el gobierno de Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. La extensión del contrato se concretó sin licitación pública, en abierta violación a la Ley de Concesiones, según denuncias de parlamentarios del Frente Guasu.
Lo más preocupante es que, en el momento de la ampliación, el propio Cartes era accionista de Jiménez Gaona y Lima S.A., empresa con estrechos lazos con Conempa S.A., accionista mayoritario de Tape Porã. La estructura empresarial está compuesta por Conempa (50%), Tecnoedil (15%), Emprendimientos & Concesiones (15%), Constructora Acaray (10%) e Inversiones Ocho (10%), conformando una red con fuertes vínculos entre sí y con el poder político.
Pese a las reiteradas exigencias de transparencia, la empresa no ha aclarado públicamente su relación con Cartes ni sus vínculos con el entorno político.
Estaciones de servicio sin control
Otro aspecto polémico es la instalación de estaciones de servicio del Grupo Bahía (marca Integral) en puntos estratégicos de la ruta, como el km 11 de Ciudad del Este, Pastoreo y Juan León Mallorquín, todas ubicadas dentro del tramo concesionado. Según denuncias, estas fueron habilitadas sin proceso licitatorio ni expropiación legal, lo que refuerza la percepción de que Tape Porã opera bajo privilegios inadmisibles en espacios públicos.
Un modelo de concesión en crisis
El caso Tape Porã expone de forma clara los vicios estructurales del modelo de concesiones en Paraguay, ejecutado sin fiscalización, sin transparencia y con profundas conexiones políticas. En lugar de garantizar rutas seguras y de calidad, se ha convertido en una maquinaria para enriquecer a grupos empresariales afines al poder.
Mientras la empresa recauda cifras millonarias, los ciudadanos enfrentan rutas en mal estado, cobros injustos y una sensación creciente de indefensión. La falta de controles, la vigencia prolongada del contrato y la ausencia de voluntad política para revisar el modelo han dejado a miles de paraguayos a merced de un esquema privatizado que no cumple con su propósito público.
Fuente LC Comunicaciones
