Dos graves denuncias que afectan a uniformados de la comisaría 23ª, del barrio Las Carmelitas y la subcomisaría 46ª del barrio San Juan de Ciudad del Este fueron radicadas ante la Fiscalía. Los cargos son por tortura y extorsión. Los dos casos sucedieron en horas de la noche del sábado, según las denuncias. El modus operandi es que los policías actúan de civil, abordan a conductores de Bolt y los acusa de que distribuyen drogas para después pedirles dinero a cambio de dejarlos en libertad. En uno de los casos inclusive los policías habrían plantado evidencias.
El primer caso ocurrió alrededor de las 22:00, afecta a tres jóvenes que iban a bordo de un vehículo de la plataforma Bolt. En el camino dos automóviles particulares los interceptaron y bajaron varias personas, llevándolos por separados hasta la Comisaría N° 23 del barrio Las Carmelitas, de Ciudad del Este alegando sospecha de microtráfico.
Les exigieron la suma de G. 10.000.000 para que no se comunique el caso al Ministerio Público, como no tenían ese monto, fueron despojados de G. 3.860.000 y 500 reales. La denuncia fue presentada ayer por Gustavo Ramón Velázquez ante el Ministerio Público. En tanto, llamativamente el comisario principal Enrique Velázquez, jefe de la comisaría 23ª dijo que no tuvo ninguna información sobre los hechos denunciados por los jóvenes ante la Fiscalía.
En otro caso, dos policías en vehículo particular detuvieron a una pareja que también estaba en un Bolt, alrededor de las 23:30, sobre la avenida República de Perú del barrio Don Bosco, Diego Renato Portillo Cáceres (29) y Gianella Irene Quiroga (19). Supuestamente los efectivos les plantaron evidencias, unos 26 gramos de marihuana.
La pareja fue llevada hasta la subcomisaría 46ª, barrio San Juan, fue exigida a pagar G. 1.5000.000 para liberarlos, pero como no tenían el monto comunicaron el hecho a la Fiscalía. “Supuestamente encontraron 26 gramos de marihuana y para largarle le pidieron 1 millón de guaraníes. Yo le conozco a mi hijo, si vendía droga iba a tener plata y a veces presta para poder cargar combustible y salir a trabajar”, detalló el padre del joven, Ramón Portillo Villar.
El joven fue despojado de G. 145.000, producto de su recaudación de la jornada laboral. En todo momento le exigieron el pago de G. 1.000.000 para ser liberado, pero no contaba con el dinero. “Para regularizar su procedimiento hicieron el acta y ahora mi hijo está detenido por disposición del fiscal. Ahora tenemos que ver qué hacer porque debemos pagar abogado y no tenemos plata para eso. Vamos a ver qué hacemos”, finalizó el dolido padre.
Via La Clave Comunicaciónes
