La suboficial primero María Soledad Rojas Domínguez, detenida y procesada por reducción en calidad de cómplice, en el marco del “Operativo Heiwa”, actualmente está con libertad ambulatoria con medidas alternativas a la prisión e, increíblemente, ya fue reincorporada al cuadro activo de la Policía Nacional, prestando servicios exactamente en la misma comisaría donde estaba antes de ser detenida por agentes del departamento. antisecuestros de la Policía. Para las víctimas de la gavilla de asaltantes y violadores, liderada por Julio César Resquín López (prófugo), esto constituye una verdadera bofetada, además deja en ridículo al presidente Santiago Peña, al ministro del Interior Enrique Riera y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quienes prometieron “frontal combate a los polibandis” a partir del día uno de su gestión.
Moradores de Naranjal y distritos vecinos quedaron bastante sorprendidos, al ver nuevamente en actividad, uniformada y portando arma de fuego, a la suboficial primero María Soledad Rojas Domínguez, quien, en fecha 5 de octubre, había sido detenida por agentes de antisecuestros de la Policía Nacional, acusada de cómplice en el delito de reducción. La misma, en fecha 6 de octubre, fue imputada por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, junto con Rolando Paiva Delvalle, quien forma parte de la gavilla de asaltantes y violadores que, hasta el momento permanece, prófugo de la justicia y con pedido de rebeldía.
Según la investigación, el 11 de septiembre del 2023, Paiva Delvalle, los hermanos Resquín López y Ramón Ríos Melgarejo, perpetraron un asalto en el distrito de Yguazú en contra de una pareja de inmigrantes japoneses, utilizando capuchas y armas de fuego. Los presuntos autores saquearon la vivienda, llevándose objetos de valor y dinero; además de un automóvil, de la marca Honda Accord, de color gris.
Después, el vehículo fue llevado hasta un taller de Santa Rita, que funcionaba como aguantadero, propiedad de Paiva Delvalle. Luego, el 25 de septiembre, en horas de la tarde, el forajido y la agente policial María Soledad, quien presta servicios en la comisaría 19ª de Naranjal, trasladaron el automotor hasta la vivienda de Julián Vergara Martínez, en el asentamiento Belén del barrio Che La Reina de Ciudad del Este, para que modifique el rodado y sea apto para ser revendido. Todo esto quedó registrado en cámaras.
Durante la investigación, se recopiló información a través de solicitudes de informes policiales, además se accedió a filmaciones donde el hecho delictivo involucrando a la suboficial queda plenamente comprobado, y se obtuvo la orden de allanamiento que permitió recuperar el automóvil robado. Posteriormente, en el marco de las investigaciones, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la justicia, siendo imputada por el fiscal Acosta Heyn por reducción en carácter de cómplice.
LIBERTAD AMBULATORIA
El caso quedó en manos del juzgado penal de garantías nº3, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz, quien días después otorgó la libertad ambulatoria bajo medidas alternativas a la suboficial, mientras se sustancia el proceso. En conversación con periodistas de La Clave, el magistrado confirmó que la agente policial está en libertad bajo medidas alternativas y restricciones, como prohibición de salir del país, sin embargo, dijo que la orden judicial no autoriza ni desautoriza que la misma brinde servicios en la Policía Nacional mientras dure el proceso. “Esa es una decisión administrativa de la Policía Nacional en la que el juzgado no tiene ninguna injerencia. Supongo que se le tuvo que haber instruido un sumario en la institución, pero desconozco tal situación”, enfatizó el juez.
En tanto, en la Dirección de Policía del Alto Paraná se confirmó que María Soledad Rojas Martínez, luego de recuperar su libertad, por disposición del cuestionado director de Policía Crio. Gral. Insp. Blas Vera, fue reincorporada de inmediato al servicio activo y destacada nuevamente en la comisaría 19a de Naranjal, como si “no hubiera pasado nada”.
COMPLICIDAD POLICIAL
El “Operativo Heiwa”, ejecutado a mediados de octubre en Tavapy e Yguazú, desbarató parcialmente una gavilla de peligrosos asaltantes–violadores, que cometieron unos 30 atracos, presuntamente con complicidad policial. También aparece vinculado al caso el subcomisario Pedro Regalado López Ibarra, quien prestaba servicios hasta hace poco en el puesto policial del km 60, colonia Santo Domingo, y cuyo uniforme, municiones y otros objetos fueron hallados en poder de los delincuentes.
Hay fuertes sospechas que el agente policial está involucrado con los delincuentes, sin embargo, en la Policía y Ministerio Público maniobran para eximirlo de cualquier responsabilidad. Tan es así que no existe ningún sumario abierto contra López Ibarra en Asuntos Internos de la Policía, tampoco la fiscal antisecuestros Zunilda Ocampos, quien maneja el caso, tomó cualquier medida para investigar al jefe policial. El marido de Ocampos, subcomisario Fabio Santacruz, es amigo y camarada de Ibarra López, según indicaron fuentes fidedignas a nuestro medio, por lo que difícilmente la misma inicie acción que pudiera “perjudicar” al amigo de su marido.
A esto ahora se suma el hecho de que la agente María Soledad Rojas, involucrada e incluso imputada con relación a este caso, ya se encuentra en libertad y reincorporada a la Policía, lo que evidencia que el discurso del propio presidente Santiago Peña, del ministro del Interior Enrique Riera y del comandante de Policía, Crio. Gral. Carlos Benítez, de combatir a los polibandis, es solamente de boca para afuera.
El senador Eduardo Nakayama (PLRA) había indicado el martes que tanto el ministro como el comandante ya estaban en conocimiento de la situación de presuntos polibandis involucrados con los asaltantes detenidos y procesados en el marco del Operativo Heiwa, además de exteriorizar su preocupación por el manipuleo que sufre el proyecto de ley de la Reforma de la Policía Nacional, que favorecería a los agentes corruptos, en vez de contrarrestar este flagelo. Articulador de esta situación sería el senador Carlos Núñez (ANR), comisario retirado y “compueblano” del subcomisario Pedro Regalado López Ibarra (ambos son oriundos de San José de los Arroyos, Caaguazú), de acuerdo a las denuncias.
Fuente Diario La Clave
